Sanidad destina más de dos millones a la vigilancia y seguridad en los centros sanitarios de Lanzarote
El Consejo de Gobierno celebrado este jueves, 28 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife aprobó la autorización del gasto relativo a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, medida que cuenta con un presupuesto de licitación de 2.007.042 euros para las próximas dos anualidades.
Ese servicio, que ahora se debe contratar, contempla la realización de labores de protección, vigilancia y funciones auxiliares de todos los centros sanitarios adscritos a la Gerencia de Lanzarote para garantizar la seguridad en ellos, tanto de pacientes y trabajadores como de las mismas instalaciones sanitarias. El proceso se desarrolla porque la Gerencia no cuenta con personal propio especializado en tales labores.
La contratación se convocará por procedimiento abierto y tramitación anticipada. Como el gasto presupuestado excede de los dos millones de euros, ha tenido que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de conformidad a lo que establece la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
El Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de 174.880 euros al Servicio Canario de Empleo
El Consejo de Gobierno autorizó a instancias de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, una transferencia de crédito por importe de 174.880 euros al Servicio Canario de Empleo (SCE) para los gastos de funcionamiento del Observatorio Canario de Formación y Empleo (Obecan).
El incremento en la aplicación presupuestaria del SCE permite la ejecución de las actuaciones encomendadas al Obecan ante la ausencia de dotación para 2019 del órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía. Con ello, el departamento autonómico presta apoyo personal y material para el cumplimiento de sus funciones como instrumento de planificación de las demandas sociales en la constante adecuación del mercado laboral.
La aprobación de la transferencia en Consejo de Gobierno cuenta con la oportuna cobertura y disponibilidad presupuestaria en la partida referente al desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana, tras desistir una organización sindical de la posible solicitud de subvención consignada en las cuentas autonómicas.
Durante la sesión ordinaria celebrada en la capital tinerfeña, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo solicitada por Economía, Conocimiento y Empleo, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
El Gobierno de Canarias autoriza la inversión de 130 millones de euros para ejecutar la variante entre Puerto del Rosario y La Caldereta, en la isla de Fuerteventura
El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización del gasto de 129.641.795 euros que permitirá a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda licitar y adjudicar en los próximos meses la ejecución de la obra denominada Eje insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario-La Caldereta. Variante de las FV-1, FV-3 y FV-2, en la isla de Fuerteventura.
Con esa autorización, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, dispone del crédito necesario para poner en marcha el proceso de licitación en las próximas semanas, con el objetivo de sacar a concurso y adjudicar durante el primer semestre de 2020 esas obras, fundamentales para completar el eje Norte-Sur de Fuerteventura.
La obra completará otras ya realizadas en la isla majorera para mejorar la conectividad y movilidad en todo ese territorio, como lo son el tramo Corralejo-La Caldereta en la FV-1 o el tramo Costa Calma-Pecenescal en la FV-2 o carretera del sur, cuyas obras concluirán este mismo mes de diciembre.
La autorización del Consejo de Gobierno culmina el trámite administrativo del proyecto de la variante entre el aeropuerto, Puerto del Rosario y La Caldereta, que recibió un decisivo impulso hace unas semanas con la firma por parte del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de la aprobación técnica del proyecto de construcción y la declaración de la necesidad de «urgente ocupación» de los bienes y adquisición de derechos correspondientes.
Este nuevo tramo de carretera, que ahora saldrá a licitación, tendrá una longitud de 16,5 kilómetros y conectará con la vía ya acabada que une La Caldereta y Corralejo, por lo que la conexión entre el norte de Fuerteventura y el aeropuerto de la isla quedará definida por una vía rápida de cuatro carriles.
Además, gracias a esa variante, se va a poder duplicar la capacidad de la circunvalación a Puerto del Rosario o FV-3, lo cual contribuirá a disminuir significativamente la siniestralidad en las vías interurbanas de Fuerteventura, a incrementar la fluidez en la circulación y a aminorar la incidencia acústica en el entorno.
Debido a la complejidad de las obras a acometer en este nuevo tramo, se ha establecido un plazo de ejecución de 54 meses, por lo que la inversión autorizada hoy implicará un gasto plurianual con las siguientes anualidades: 8.730.087 euros en 2020; 24.007.739 en 2021; 28.372.783 en 2022; 30.555.305 en 2023; 26.190.261 en 2024, y de 11.785.617 en 2025.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con la nueva vía proyectada, pretende alcanzar los siguientes objetivos: conectar con la autovía existente entre Corralejo y La Caldereta, recientemente puesta en servicio; aprovechar al máximo el trazado de la circunvalación (FV-3) sin afectar a las zonas urbanas ni a sus crecimientos previstos en el planeamiento; salvar el enclave arqueológico del barranco de Tinojay; preservar diversos factores de protección socio-medioambiental, y adaptarse a las previsiones del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
El Gobierno autoriza el adelanto a los cabildos de un millón de euros de Turismo para la promoción de los destinos insulares
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla, elevó este jueves al Consejo de Gobierno la declaración de razones de coyuntura económica para el adelanto de un millón de euros proveniente del presupuesto de su departamento de 2019, que ha sido aprobado, a los cabildos insulares, para que estos puedan realizar acciones de promoción turística específicas en sus principales mercados emisores de visitantes.
Esos fondos públicos forman parte de los dos millones de euros que Turismo ha previsto para financiar medidas destinadas a combatir los efectos de la quiebra en septiembre pasado del turoperador británico Thomas Cook. Esos dos millones son el 50% de la aportación propia de la Comunidad Autónoma de Canarias, cifrada en cuatro millones de euros, con el otro 50% proveniente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
La iniciativa de Turismo parte, según explicó Yaiza Castilla, «de los problemas de capacidad aérea desde los principales mercados de origen, agravados por el cierre de bases de Ryanair y la quiebra de Thomas Cook, uno de los mayores grupos turísticos globales con gran presencia en Canarias». Esto ha afectado, especialmente, a las islas con conexiones internacionales.
En ese sentido, el Gobierno aprobó este jueves en Consejo de Gobierno el adelanto de 1.056.000 euros del presupuesto de la Consejería de Turismo para destinarlos a los cabildos insulares con el fin de que puedan llevar a cabo iniciativas de promoción turística.
Según palabras de la titular de Turismo, «ahora más que nunca se requiere un esfuerzo conjunto que combine, por un lado, campañas más inspiracionales bajo el respaldo de la marca Islas Canarias que estimulen la demanda, y por otro, acciones de carácter más táctico por parte de las entidades insulares de promoción enfocadas a la venta de viajes a cada una de las islas», dijo Castilla.
Estas circunstancias exigen contar con una dotación presupuestaria suficiente para poder intervenir de forma inmediata y dar soporte a las acciones previstas por los cabildos y sociedades insulares de promoción para la reactivación de la demanda y la mejora de la conectividad.
En esa línea, el Consejo de Gobierno aprobó la transferencia de 150.000 euros al de Gran Canaria; 300.000 al de Fuerteventura; 140.000 al de La Palma; 316.000 a la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife, y 150.000 a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.
El Gobierno concede a Adislan más de 352.500 euros para el servicio de atención temprana
El Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda de 352.506,43 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (Adislan) para cubrir parte de los gastos derivados del programa Centro de desarrollo infantil, servicio de atención temprana para el 2019.
El Centro de Desarrollo Infantil y Servicio de Atención Temprana gestionado por Adislan es el único recurso profesional que tienen los menores que sufren un trastorno en el desarrollo o se encuentran en riesgo de padecerlo en las islas de Lanzarote y La Graciosa, donde, gracias a ese servicio, pueden recibir una atención específica que dé respuesta a sus necesidades en un momento de vida crucial, del cual depende el desarrollo futuro del menor y el bienestar general de la unidad familiar.
Los objetivos de esta medida son prevenir que los menores lleguen a desarrollar una discapacidad por encontrarse en una situación de riesgo clínico o ambiental de etiología, dotando de herramientas técnicas a la estructura social y/o familiar; disminuir el grado de dependencia que puedan sufrir los niños con discapacidad, ofreciéndoles por medio de la intervención terapéutica específica para cada caso los apoyos necesarios en las diferentes etapas cruciales del desarrollo del menor; intervenir sobre las alteraciones que se desarrollan en la unidad familiar, debido a la falta de apoyos y recursos necesarios para asumir el proyecto de vida personal y familiar, al encontrarse con un miembro con discapacidad, y procurar favorecer la calidad de vida de los niños/as y sus familias.
El Servicio de Atención Temprana se enmarca en el programa de prevención y promoción de la autonomía personal que se incluye en la cartera de servicios desplegada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El Gobierno incrementa el 30% la financiación de los centros para personas mayores
El Consejo de Gobierno ha autorizado el incremento en 227.254,82 euros del presupuesto destinado a los centros de día. Esto supone un aumento del 30% respecto al presupuesto inicial destinado a ese fin. La partida queda en un total de 753.326, 82 euros.
El acuerdo, realizado a través de una adenda de los convenios de cooperación que existen entre el Gobierno de Canarias y los centros de día beneficiados, supondrá una mejora de los servicios que se realizan en esas instalaciones, que son de tipo asistencial, cultural, recreativos, de promoción del envejecimiento activo y de prevención de la dependencia, así como la lucha contra la soledad no deseada, procurando la realización de actividades tendentes al fomento de la participación personal y de grupo, a la vez que la inserción en el medio social sin desprenderse de su ambiente familiar.
Canarias cuenta con una red de 24 centros de día dirigidos a la atención de personas mayores, de los que siete están gestionados directamente por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. En torno a unos 46.000 mayores de las Islas se benefician de las actividades y los servicios que se ofrecen en estos recursos sociales.
Derechos Sociales da cuenta de la contratación por emergencia del servicio de vigilancia en el centro de menores de La Montañeta
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno de la contratación del servicio de vigilancia y protección para el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Canarias de La Montañeta (isla de Gran Canaria) por el procedimiento de emergencia y con un importe de 614.191,95 euros.
Con fecha de 27 de octubre de 2017, se firmó un contrato entre la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la empresa Alcor Seguridad, SL, para la realización del servicio de vigilancia y protección del Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Canarias de Valle Tabares (Tenerife), con inicio el 1 de noviembre de 2017 y un plazo de contratación de 24 meses.
Durante la ejecución de ese contrato, se impuso a Alcor Seguridad diversos avisos por incumplimiento de lo estipulado en el contrato, pero, ante el reiterado incumplimiento de este y dado que el servicio de vigilancia no ofrecía las suficientes garantías para el desarrollo de la actividad educativa y resocializadora que marcan las medidas judiciales impuestas a los menores, con fecha de agosto de 2019 se dictó orden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para iniciar mediante procedimiento abierto el expediente de contratación del servicio de vigilancia, seguridad y protección del citado recurso, cuya tramitación se encuentra en estos momentos en fase de licitación.
Por esas mismas razones, y con el fin de garantizar un servicio de vigilancia específico que preserve el orden y la seguridad en los jóvenes que cumplen medidas judiciales, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ahora da cuenta de la contratación del servicio de seguridad, vigilancia y protección en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Canarias de La Montañeta (Gran Canaria), donde también presta servicio la citada empresa, Alcor Seguridad, mediante procedimiento de emergencia y por un importe aproximado de 614.191,95 euros.
El Gobierno ejecuta el acuerdo que garantiza el pago de la nómina a docentes y sanitarios
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó diversas medidas presupuestarias para garantizar el pago de la nómina de diciembre al personal docente y estatutario, previstas ya en el acuerdo adoptado el pasado mes de agosto por el que se retuvieron créditos de partidas no esenciales para hacer frente a esta contingencia sin incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Ejecutivo canario, a propuesta de las consejerías de Hacienda y de Función Pública, determinó hoy la reasignación de unos 140 millones de euros de los actuales Presupuestos a Personal, con los que se hace frente al incremento del gasto en ese capítulo.
El acuerdo precisa las secciones presupuestarias de las que se extraerán los recursos para hacer frente al pago de las nóminas y faculta a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para autorizar las modificaciones de crédito pertinentes.
El Gobierno de Canarias ya había aprobado el pasado mes de agosto un batería de medidas para la retención de créditos presupuestarios no esenciales y su posterior reasignación al capítulo1, algo que hoy el Ejecutivo ha formalizado.
El incremento del gasto en Personal sin cobertura presupuestaria, producto fundamentalmente de la reducción de jornada de docentes y sanitarios acometida por el Ejecutivo anterior, obligó al nuevo Gobierno a adoptar una serie de medidas para evitar el incumplimiento de los objetivos de déficit y de la regla de gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En aquel momento, tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el propio Ministerio de Hacienda advirtieron a la Comunidad Autónoma de un desvío en la regla de gasto y este último, incluso, solicitó a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico la adopción de medidas correctoras.
El Gobierno toma en consideración un proyecto de decreto para rebajar la estatura de acceso a las policías locales
El Gobierno de Canarias ha tomado en consideración y ha elevado al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto por el que se modifica y actualiza con criterios de igualdad la estatura mínima exigida para el acceso a los cuerpos de la Policía Local de Canarias y la sitúa en 1,65 metros para los hombres y 1,52 para las mujeres. Con este cambio, más del 90% personas de cada sexo podrá presentarse a las pruebas para el acceso a las policías locales de Canarias, y en todo caso, prácticamente el 95% de las personas menores de 40 años en la actualidad.
El proyecto de decreto modifica el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los cuerpos de la Policía Local de Canarias, que establece el requisito específico de la estatura mínima para que una persona pueda ser admitida a las pruebas de acceso a las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de Policía Local de Canarias, para el sistema de acceso por turno libre, fijándola en 1,70 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres.
El proyecto de Decreto, que ahora se eleva al Consejo Consultivo de Canarias, tiene por objeto modificar el referido precepto, con el fin de reducir en cinco centímetros la estatura mínima exigida a los hombres, que pasaría a ser de 1,65 metros, y en ocho centímetros la de las mujeres, que pasaría a ser de 1,52 metros.
Con esa modificación, el Gobierno adecua la altura mínima exigida a las características de la mayoría de la población canaria, reduciendo, en consecuencia, muy significativamente cualquier discriminación que por cuestiones de estatura pueda haber, tanto en hombres como mujeres, para integrarse como personal funcionario en las policías locales de Canarias.
El Gobierno toma en consideración el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica
El Gobierno de Canarias ha tomado en consideración el proyecto de decreto sobre el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado que tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.
Entre las funciones de la Comisión Técnica recogidas en el proyecto de decreto están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018, elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, o informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.
También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.
El citado proyecto de decreto, que se eleva ahora Consejo Consultivo de Canarias para que elabore el informe preceptivo, establece que la citada Comisión estará compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y un máximo de 11 vocales, así como una persona en la Secretaría. La presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por ella.
Habrás tres vicepresidencias. La primera corresponderá a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de patrimonio cultural o la persona designada por ella; la segunda, a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de educación o la persona designada por ella, y la tercera, a una persona de entre las personas vocales representantes de las asociaciones de la memoria histórica de ámbito canario.
Corresponde a la Comisión Técnica de la Memoria Histórica la aprobación de las normas de funcionamiento interno de la Comisión que sean necesarias en el desarrollo del Reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera, y el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, así como el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo en materia de memoria histórica.
El Consejo autoriza un gasto plurianual para la enseñanza concertada en 2019-23 de 73,1 millones
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación un gasto plurianual de 73,1 millones de euros para la enseñanza concertada en el periodo 2019-23.
Así, el Gobierno da el visto bueno al reajuste de esa partida plurianual para financiar la modificación del gasto del concierto educativo en las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial hasta el curso 2022-23, tras haberse incrementado el gasto con motivo de la necesidad de incorporar una nueva unidad educativa en Educación Especial por importe de 187.882,56 euros. Este último aumento derivó en un incremento del personal.
Con la inclusión de esa alza en el gasto, el total autorizado por el Consejo de Gobierno asciende a 73.174.127,53 euros
Inicio de un recurso contencioso-administrativo
En la misma sesión, el Consejo autorizó a Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias para que gestione el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por el conflicto sobre el inicio de los pagos a docentes según el día de nombramiento en los centros o según el día de inicio del mes de septiembre, el día 1.
Partiendo del hecho de que el alta laboral de un funcionario docente interino se produce en el momento de su toma de posesión, en el caso que nos ocupa, el lunes 3 de septiembre, primer día hábil del curso escolar 2018/19, y ante las actuaciones materiales de la Administración estatal (Inspección de Trabajo) para que se efectuara de manera unilateral y de oficio el alta de los mencionados trabajadores a fecha de 1 de septiembre de 2018, se solicitó autorización a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias para que gestione recurso ante el Contencioso-Administrativo con el objeto de que se dejen sin efecto las mencionadas altas.
Como precedente, se debe saber que, con fecha 8 de noviembre de 2019, la Dirección Provincial de Las Palmas de la Tesorería General de la Seguridad Social dictó resolución por la que se resuelve modificar la fecha de alta de los funcionarios docentes interinos de centros educativos no universitarios del 3 al 1 de septiembre de 2018.
