La recaudación de tributos en Canarias cayó 177 millones de euros en 2019 con respecto a la previsión del Gobierno anterior
Santa Cruz de Tenerife.- Canarias cerró 2019 con unos ingresos tributarios de 2.619,7 millones de euros, 177,6 millones menos de los previstos por el anterior Gobierno de Canarias en los Presupuestos de aquel año, lo que supone un descenso del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria.
De esos 177 millones de euros de reducción, 91,8 millones se corresponden con los tributos propios y cedidos, mientras que 85,7 millones lo son de ingresos procedentes del denominado Bloque de Financiación Canario.
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó que los datos, “desgraciadamente son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas autonómicas”.
“En 2019 hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída sustancial de los ingresos por las irresponsables rebajas fiscales del anterior Gobierno”, precisó Rodríguez, quien recordó que “ante esa situación tuvimos que reasignar gastos entre los departamentos autonómicos para poder cerrar el ejercicio cumpliendo con las normas fiscales”.
Particularmente negativa ha sido la evolución del IGIC, cuya recaudación ha caído 73,9 millones de euros con respecto a la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019, como consecuencia fundamentalmente de la rebaja de medio punto aplicada al tipo general por el anterior Gobierno.
A la luz del cierre del ejercicio, el vicepresidente insistió en el acierto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno desde el mes de agosto para equilibrar las cuentas de 2019, heredadas con notables desajustes dada la merma de ingresos y el incremento del gasto comprometido sin cobertura presupuestaria.
“Hoy vemos cómo la reducción de los ingresos tributarios es una realidad incontestable y cómo una vez más el argumento de los gobiernos liberales de que una bajada de impuestos permite un incremento de la recaudación no es cierto”, aseguró.
Los datos del IGIC empeoran si la comparación se realiza sobre las cantidades efectivamente recaudadas por ejercicio. En ese caso, la merma de ingresos se sitúa en los 116 millones de euros, puesto que se ha pasado de recaudar 1.702 millones de euros en 2018 a 1.585 millones el pasado año, lo que supone un descenso del 7 por ciento.
Precisamente, para este año ha sido necesario acometer una revisión fiscal, de modo que se puedan recuperar ingresos por esta vía.
Cambio de rumbo
Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, a instancias de la Consejería de Hacienda, fue la retención de créditos no esenciales para afrontar el pago de las nóminas del personal educativo y sanitario, incrementadas por los compromisos de reducción de jornada adquiridos por el Ejecutivo anterior sin la preceptiva cobertura presupuestaria y realizados, además, en un contexto de reducción de ingresos tributarios.
Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos Presupuestos autonómicos para 2020 “sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas”, en palabras del vicepresidente.
Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Ministerio de Hacienda alertaron en la segunda mitad del año pasado a la Comunidad Autónoma del posible incumplimiento de la regla de gasto, conminándola a presentar medidas correctoras.
A estos informes se unió también un estudio elaborado por los técnicos de la propia Consejería de Hacienda que, con los datos que estaban sobre la mesa hasta agosto, proyectaban una desviación del déficit de casi medio punto sobre lo autorizado para Canarias.
Rodríguez destacó hoy que el conjunto de medidas adoptadas por el nuevo Gobierno ha permitido el cumplimiento de los preceptos legales, si bien insistió en la necesidad de que las Cortes modifiquen la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones públicas cumplidoras puedan destinar el dinero acumulado en el superávit a la mejora de los servicios públicos o al impulso de las infraestructuras.
Canarias ha cumplido el período medio de pago global a proveedores con el nuevo Gobierno
La Comunidad Autónoma de Canarias cumplió con el período medio de pago global a proveedores al cierre del mes de diciembre de 2019 con un dato de 23,80 días. Un plazo que está por debajo de los 30 días legales que marca la normativa sobre morosidad comercial, según el informe de seguimiento que la Intervención General realiza sobre el pago de la deuda comercial presentado este jueves en el Consejo de Gobierno. Desde que el nuevo Gobierno de Canarias tomara posesión el pasado mes de julio, la Comunidad Autónoma ha cumplido el plazo todos los meses sin excepción.
Este resultado incorpora el cumplimiento del Servicio Canario de la Salud (SCS) con 26,69 días. No obstante, el Gobierno de Canarias destaca que se ha mantenido la senda de cumplimiento con el plazo legal durante el segundo semestre del ejercicio 2019 gracias a las medidas preventivas activadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde el mes de julio. En concreto, con la emisión de informes de diagnóstico y análisis de riesgo de incumplimiento, la coordinación entre la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General del Tesoro en tareas de monitorización de la deuda pendiente de pago fuera de plazo, para agilizar la tramitación de las facturas, así como la inyección de 205,5 millones de euros de crédito destinado a la reducción de la deuda comercial.
Por otro lado, se han cumplido también los tiempos medios de tramitación de facturas, que es el periodo que va desde su entrada en el registro hasta su abono, en términos globales, inferior a los 60 días.
Respecto al Sector Publico Estimativo, Universidades y Entidades independientes, si bien no inciden negativamente en los datos globales de cumplimiento de la Comunidad Autónoma, hay determinados casos de incumplimientos, a los que se instará a justificar el retraso.
El incumplimiento del Periodo Medio de Pago Global a Proveedores supone un incumplimiento del principio de sostenibilidad financiera de la deuda comercial en los términos expuestos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, el Gobierno considera muy importante adoptar medidas preventivas y correctivas con celeridad al objeto de que los incumplimientos no deriven en la aplicación por parte de la Administración General del Estado de medidas coercitivas. Los datos de análisis se remiten mensualmente al Ministerio de Hacienda.
Por ello, en el ámbito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma se ha previsto trabajar en un protocolo de procedimiento específico para el pago de facturas del SCS ligado a los planes de acción que se impulsan para garantizar el cumplimiento mensual.
El Gobierno de Canarias lleva al Consultivo el decreto que regula el Carné Joven Europeo
El Gobierno de Canarias reunido en Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se regulan las características del programa del Carné Joven Europeo en el ámbito de la Comunidad autónoma.
Desde hace años la Dirección General de Juventud viene desarrollando el Programa Carné Joven, sin que hasta la fecha actual se haya procedido al desarrollo normativo del mismo que establezca su necesaria regulación en la Comunidad Autónoma. Por este motivo, se ha iniciado el procedimiento administrativo para elaborar, tramitar y aprobar el proyecto de Decreto, dada la importancia de este instrumento en orden a facilitar la promoción y aplicación de los valores recogidos en la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de juventud.
Este proyecto de Decreto responde a la necesidad de contar con las normas adecuadas para definir aspectos tales como el conjunto de usuarios al que va dirigido, las características de su obtención, validez y efectos o la posibilidad de contar con entidades adheridas al Programa o que colaboren con el mismo, contribuyendo con ello a dar mayor seguridad jurídica y transparencia al procedimiento para la obtención del Carné Joven.
El Programa Carné Joven Europeo es el instrumento a través del cual se ofrece un servicio a la juventud residente canaria con el fin de facilitar su movilidad e intercomunicación, así como para posibilitar su acceso, mediante la articulación de determinadas ventajas, a bienes y servicios de carácter social, cultural, económico y educativo, respetándose en todo caso el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a dicho servicio.
Se podrán beneficiar del Carné Joven, las personas usuarias jóvenes de entre 14 y 30 años residentes en Canarias. Se trata de una tarjeta personal e intransferible cuya vigencia será de dos años prorrogable desde la fecha de su expedición y, caducará cuando la persona titular del mismo cumpla los 31 años de edad. Este Carné cuenta con validez en Canarias, en el resto de Comunidades españolas y en los países adheridos al Protocolo Internacional de Lisboa de 1 de junio de 1987.
Modalidades
El Carné Joven Europeo cuenta con dos modalidades, por un lado, el Carné Joven Europeo Convencional, que permite a las personas jóvenes titulares disfrutar de todos los descuentos y ventajas asociadas al Programa del Carné Joven Europeo (“European Youth Card”), y el Carné Joven Europeo Financiero, que permite a las personas jóvenes titulares disfrutar de todos los descuentos y ventajas asociadas al Programa del Carné Joven Europeo (“European Youth Card”) en las mismas condiciones que el Carné Joven Europeo Convencional y, además, usarla como tarjeta financiera en la modalidad de débito, crédito, monedero o cualquier otra que se pueda poner a disposición de las personas titulares.
El programa Carné Joven Europeo se desarrolla conjuntamente con el resto de Comunidades autónomas y con más de 30 países del entorno europeo que conforman la Asociación Europea del Carné Joven (EYCA), que garantiza la reciprocidad de las prestaciones en los diferentes países adscritos.
Nombramientos
El Gobierno de Canarias reunido en Consejo de Gobierno ha nombrado al abogado y activista LGTBI, Víctor Manuel Ramírez Pérez, como director general de Diversidad del Gobierno de Canarias. Ramírez sustituye en el cargo a Julio Concepción, quien ha decidido dejar su cargo por motivos personales.
Víctor Manuel Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y especialista en Derechos Humanos en el Mundo Global por la Universidad del País Vasco. Desde el año 1999, ejerce como funcionario del Cuerpo Administrativo de la Diputación del Común.
Activista de Gamá, colectivo LGTB+ de Gran Canaria, desde el año 1993, del que es socio fundador y en el que ha ocupado, entre otros, el cargo de presidente entre los años 2012 y 2015. Ha impartido diversos talleres y charlas sobre activismo LGTB+ y sobre historia del movimiento LGTB+, entre otros temas.
Destaca su figura como investigador sobre la represión de las personas homosexuales durante el franquismo, especialmente en Canarias, y sobre los primeros movimientos homosexuales en Canarias durante la transición.
Es autor del libro Peligrosas y Revolucionarias, las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición. Editorial Tamaimos, (diciembre de 2019).
El Consejo de Gobierno aprueba el reglamento orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el Decreto de Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con la estructura orgánica y funcional del departamento dirigido por Elena Máñez en cumplimiento de la norma firmada el pasado agosto por Presidencia con la actual configuración de la administración autonómica (Decreto 203/2019).
Propuesta conjunta de las consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el nuevo reglamento define al departamento autonómico como encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias en las áreas de planificación y promoción de la actividad económica; Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF); Régimen Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias (REA), acción económica exterior y cooperación económica con los países africanos; investigación, innovación tecnológica y sociedad de la información, trabajo, empleo, emprendimiento y formación profesional ocupacional y continua; y servicios de comunicación audiovisual.
Para ello, se estructura en Viceconsejería de Economía e Internacionalización; Viceconsejería de Empleo, Secretaría General Técnica, Dirección General de Promoción Económica, Dirección General de Asuntos Económicos con África, Dirección General de Trabajo, y Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), con rango de dirección general, como órganos superiores. Mientras que la Secretaría General Técnica y la Aciisi dependen de la persona titular de la Consejería, las direcciones de Promoción y Económica y de Asuntos con África compete a la Viceconsejería de Economía y Trabajo se sitúa bajo la Viceconsejería de Empleo.
Como órganos territoriales figuran en el reglamento orgánico los Servicios de Promoción Laboral de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, dependientes de la Dirección General de Trabajo. También sitúa a cargo de Trabajo el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel).
Además, el reglamento establece como organismos públicos adscritos a la consejería tanto el Servicio Canario de Empleo (SCE), integrado en su estructura orgánica a efectos administrativos y de funcionamiento, y el Consejo Económico y Social de Canarias (CES), a efectos presupuestarios y de relaciones con el Gobierno.
Integración normativa
Igualmente, el decreto integra en el departamento como órganos colegiados la Comisión para la Pequeña y Mediana Empresa, las comisiones de Coordinación y de Seguimiento del REA, la Comisión de Evaluación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), la Comisión de Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Foro Canario de la Sociedad de la Información, el Observatorio Canario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el Consejo Canario de Relaciones Laborales, la Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias.
Entre las principales novedades, precisamente, el nuevo reglamento de la Consejería de Economía suprime de sus órganos colegiados al Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (Obecan), al adscribirse al SCE desde 2018, e incluye al Consejo de Apoyo al Emprendimiento, aunque a efectos administrativos y de funcionamiento se integra en el mismo servicio autónomo. Además, el decreto aprobado integra la regulación dispersa de varios órganos (comisiones del REA, para la Pyme y de Coordinación de Ciencia Tecnología e Innovación, además del Consejo Asesor de Ciencia) para facilitar su manejo.
También incorpora el reglamento orgánico la previsión de que el nombramiento de las personas integrantes de los distintos órganos colegiados, salvo de los miembros por razón del cargo desempeñado, se realice de modo que su composición respete la representación equilibrada entre los dos sexos, conforme a la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (1/2010).
Canarias suscribirá un préstamo de 905 millones de euros a través del Fondo de Facilidad Financiera
El Consejo de Gobierno acordó hoy la adhesión de Canarias al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas durante el ejercicio 2020, que se traducirá en la suscripción de un préstamo de 905 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial.
Este compartimento atiende preferentemente amortizaciones de deuda pública y préstamos concedidos por entidades financieras, así como las propias amortizaciones del anterior Fondo de Liquidez y del Fondo de Financiación de las CCAA.
El acuerdo de adhesión adoptado hoy por el Consejo es preceptivo después de que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno de España autorizara el pasado el 31 de enero la participación de Canarias en el citado compartimento.
El préstamo a suscribir con el ICO se extenderá hasta el 31 de mayo de 2032 y ofrece condiciones ventajosas en términos de intereses.
La mayor parte de este crédito se destinará a pagar el vencimiento de unos bonos del Tesoro formalizados el año 2010 por el Gobierno de entonces, cuya cuantía asciende a 620 millones de euros.
Plan de Endeudamiento
La adhesión al compartimento de Facilidad Financiera se enmarca en el Plan de Endeudamiento elaborado por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y aprobado por el Gobierno de España. El Plan prevé destinar este año 1.248 millones de euros a financiar vencimientos de deuda.
Además de los 802 millones del préstamo con el ICO, la Comunidad Autónoma acudirá a los mercados para captar otros 343 millones de euros con idéntico fin, de los cuales 40 millones se destinarán a la emisión de bonos aptos para la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias.
La adhesión de Canarias a este compartimento es posible porque la Comunidad Autónoma tiene sus cuentas saneadas.
El Gobierno eleva al Consultivo la nueva regulación de la inspección técnica de vehículos en Canarias
El Consejo de Gobierno de Canarias ha elevado al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula la inspección técnica de vehículos en Canarias (ITV). La Consejería de Turismo, Industria y Comercio da cumplimiento, con el desarrollo de este proyecto de decreto, con la Ley 2/2018 de 28 de septiembre, de régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en Canarias que establece las premisas fundamentales para regular la ITV en la Comunidad Autónoma.
Dicha ley ahonda en el proceso liberalizador, para afianzar las mejoras experimentadas en el sector en estos años, “pero también establece determinadas salvaguardias para garantizar la prestación del servicio en todos los territorios de la Comunidad Autónoma, en especial en aquellas islas en las que la limitada demanda pueda retraer a la iniciativa privada a operar estaciones ITV”, indica Castilla.
El proyecto de decreto aborda las cuestiones más importantes que afectan al sector, definiendo criterios relativos a las inspecciones de vehículos; requisitos a cumplir por las estaciones ITV; personal técnico y administrativo; control y supervisión por parte de la Administración y calidad del servicio.
Además, desarrolla las instrucciones pertinentes que afectan a los diferentes aspectos de la ITV en Canarias, desde la materialización de las inspecciones hasta los requisitos que deben cumplir las estaciones ITV, siempre enfocadas a la finalidad última de esta regulación, que es la seguridad vial.
Auge del sector de la ITV
El sector de la ITV en Canarias ha experimentado un auge notable desde la aprobación del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, por el que se establece el régimen de autorización administrativa para la prestación del Servicio de Inspección Técnica de vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias y, por el que se aprueba el Reglamento de instalación y funcionamiento de las Estaciones de inspección técnica de vehículos. Este auge, motivado por la introducción de la liberalización en el sector, se manifiesta especialmente en que en los últimos años se ha duplicado el número de estaciones ITV implantadas en el Archipiélago, con un incremento muy notable en el personal contratado en estas estaciones.
El Gobierno de Canarias autoriza a Turismo la generación de crédito para ejecutar el convenio de Thomas Cook
El Gobierno de Canarias autorizó este jueves a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio la generación de crédito para la ejecución del convenio suscrito con el Estado por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
En este sentido, la consejera del área, Yaiza Castilla, recordó la importancia del logro de esta subvención “no solo por el contenido del mismo, sino por la forma, al ser resultado de la unidad de acción y participación público y privada en su planteamiento y defensa, tal y como ha venido defendiendo el presidente Ángel Víctor Torres”.
Dicho convenio, dotado de 15 millones de euros, contempla un conjunto de programas y acciones a realizar con un plazo de ejecución en 2020, 2021, y 2022. El crédito autorizado este jueves se eleva a 13,9 millones. El resto -hasta completar los 15 millones- se dotará en el próximo ejercicio.
Entre las medidas para paliar la quiebra de Thomas Cook, el acuerdo recoge 9,2 millones para el fomento de la conectividad y promoción del destino turístico; 2,5 millones para impulsar la digitalización; 2 millones de euros para acciones de desarrollo sostenible; un millón de euros para la diversificación de productos, segmentos y desestacionalización, con el objetivo de incrementar el gasto en destino, y 280.000 euros para un plan de gestión y comunicación de crisis.
El crédito hoy generado contempla la asignación a cada uno de los cabildos insulares de una subvención nominada de 357.142,85 euros para la realización de proyectos de infraestructuras turísticas y en concreto de equipamiento urbano.
El Gobierno suspende el PGO Supletorio de Teror y posibilita la construcción de un centro sociosanitario
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que suspende, para un ámbito territorial concreto, el Plan General de Ordenación (PGO) Supletorio de Teror, en Gran Canaria, y aprueba las normas sustantivas transitorias de ordenación en sustitución, a fin de viabilizar la construcción de un centro sociosanitario en la zona.
El ámbito territorial afectado por la suspensión del PGO es la totalidad del Suelo Urbanizado no Consolidado por la Urbanización (SUNCU-5) ‘Castañero-Borbullón’, que corresponde a una parcela de propiedad municipal. Este espacio, por tanto, es objeto para la aplicación de las normas sustantivas transitorias de ordenación aprobadas.
Este acuerdo surge de la necesidad de delimitar y ordenar un nuevo Sistema General en dicho ámbito, que sustituya el uso residencial actual de la parcela por un uso sanitario y asistencial.
El Gobierno de Canarias considera acreditadas las razones de interés público y social que motivan la actuación excepcional de suspensión de dicho planeamiento, en atención a los cambios demográficos y sociales que están provocando un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, ya sea por razones de enfermedad, envejecimiento u otras causas de discapacidad.
Esta situación ha generado que, en la actualidad, exista un importante déficit de recursos y plazas en centros residenciales de día y de noche para personas en situación de dependencia y, en general, para personas mayores o con discapacidad.
El Gobierno aprueba una partida de 1,6 millones para el personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de la Policía Canaria
El Gobierno de Canarias ha aprobado una partida de 1,6 millones de euros para atender los costes salariales del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de la Policía Canaria, con motivo de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 correspondientes al cuerpo de policía autonómico.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez recordó que, al inicio de esta legislatura, los efectivos con los que contaba el Cuerpo General de la Policía Canaria eran de 96, pero debido a las convocatorias de la Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 se aumentan en las 57 plazas para las que se aprueba esta partida.
Por otra parte, puntualiza el consejero, la Oferta de Empleo Público de 2019 aumentará en otros 69 los efectivos del Cuerpo, por lo que al finalizar estos procesos el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 222 policías.
Además, apuntó Pérez, la Consejería tiene previsto llevar en los próximos meses al Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público del 2020, por lo que al finalizar todos estos procesos se prevé que la Policía Canaria pueda alcanzar los 300 efectivos antes de finalizar la legislatura.
El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de La Gomera
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha aprobado el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica de la isla de La Gomera, que fue ratificado previamente por el Cabildo insular de la isla colombina.
El consejero del área, José Antonio Valbuena, subraya que se trata del primer PGRI que se aprueba en Canarias y señala que “nos permitirá obtener un conocimiento adecuado para evaluar con precisión los riesgos asociados a las inundaciones”.
El objetivo del documento es ayudar a lograr una actuación coordinada entre todas las administraciones y la sociedad, de forma que podamos reducir las consecuencias negativas de este tipo de fenómenos sobre la seguridad de las personas, así como el medioambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.
El PGRI forma parte de un esquema de actuación que se divide en tres fases. La primera de ellas contempla la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI), que tiene la finalidad de determinar las zonas para las que existe un riesgo potencial significativo de inundación. La segunda etapa contempla la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo, que constituirán la información fundamental en la que se basará el PGRI.
La última fase corresponde a los planes de gestión de riesgos de inundación, que establecen objetivos de gestión de los peligros para cada zona determinada, poniendo el foco en la reducción de las potenciales consecuencias adversas. Se basa en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar los objetivos previstos.
El Gobierno autoriza destinar 9,7 millones de euros al mantenimiento y desarrollo de las TIC en el Servicio Canario de la Salud
El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy, jueves 20 de febrero, el destino de una partida de 9.744.208,88 euros a la contratación del servicio de asistencia técnica del centro de servicios TIC del Servicio Canario de la Salud (SCS).
La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para dar cobertura, hasta el año 2023, a las tareas de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas que dan soporte a la actividad asistencial, administrativa y de gestión económica del SCS, así como a la asistencia de proyectos, asesoría tecnológica, seguridad de la información e interoperabilidad.
El centro de servicios TIC proporciona a los usuarios y proveedores del SCS un punto único de acceso a los sistemas de información y comunicaciones, en el que intervienen un conjunto de técnicos especialistas en las áreas de microinformática, comunicaciones, sistemas o desarrollo y soporte aplicaciones.
Para asegurar la calidad y eficacia en la prestación de los servicios sanitarios, el SCS tiene en marcha avanzados sistemas de información, entre los que destacan los de Tarjeta Sanitaria, para la identificación unívoca de todos los usuarios que tienen derecho a la asistencia sanitaria pública; Historia Clínica Electrónica, que incluye toda la historia clínica de los pacientes en los ámbitos de Atención Primaria y Especializada, y de Receta Electrónica continua e interoperable, que permite a los facultativos emitir y transmitir prescripciones por medios electrónicos y a los usuarios disponer un plan de tratamiento.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
La oficina española en el Sahara sigue prestando servicios a la comunidad española
El portavoz del Gobierno ha informado de una conversación del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sobre las oficinas españolas en El Aaiún (Sahara Occidental).
Las más de 10.000 personas de nacionalidad española censadas podrán seguir haciendo uso de esta oficina, indicó Julio Pérez. “No se ha cerrado ni ha dejado de prestar servicio”. Al revés, añadió Pérez, “se ha regularizado su situación; el Ministerio ha normalizado esa actuación de esa oficina”.
Los trámites que se siguen prestando son expedición de consentimiento para adquirir pasaportes a menores de edad, se expiden fe de vida para pensionistas, se expiden trámites sobre antecedentes, actas de presentación cuando los consulados españoles lo solicitan, se envían a consulados certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o cualquier otro que se le solicite y se reciben documentos para otras oficinas españolas.
El portavoz aclaró que hay dos trámites que cesan de hacerse; el certificado de concordancia del nombre (que ya no hace falta y se sustituye por un certificado del Ayuntamiento de El Aaiún). Y un segundo trámite, la legitimación de firmas, ya no tiene validez, apuntó el portavoz.
Por tanto, recalcó Julio Pérez, “la oficina sigue abierta y ejecuta con normalidad la mayoría de los trámites” indicados.
24 millones de euros para equipamiento sanitario
El Consejo de Gobierno de Canarias, a instancias de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó hoy una modificación de crédito a favor del Servicio Canario de la Salud por importe de 24 millones de euros, que se destinarán a la mejora del equipamiento sanitario.
Se trata del primer incremento presupuestario del Servicio Canario de Salud este año, tras la entrada en vigor de las cuentas autonómicas, que ya habían aumentado las partidas de ese órgano en 134 millones de euros con respecto al año pasado para situarse en los 3.140 millones.
Los 24 millones proceden del capítulo de superávit de la Comunidad Autónoma y podrán dedicarse a la mejora del equipamiento sanitario al ajustarse al concepto de inversiones financieramente sostenibles previsto por la ley.
