El Gobierno de Canarias trabaja en un consenso para la reforma de la Ley de Extranjería, buscando una distribución equitativa de menores migrantes tras recibir 5.699 este año
Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias ha manifestado hoy su confianza en alcanzar un acuerdo inminente para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de establecer un mecanismo obligatorio de distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente presión migratoria que enfrenta el archipiélago, que en los primeros once meses de 2024 ha recibido a 5.699 menores, de los cuales 1.004 llegaron solo en noviembre.
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha indicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se están ultimando los detalles para una reunión con el Gobierno central y representantes de otras comunidades, incluyendo Ceuta, con la intención de alcanzar un consenso antes de la Conferencia de Presidentes prevista para el 13 de diciembre. Cabello ha subrayado la importancia de este encuentro para abordar de manera conjunta la situación y buscar soluciones efectivas que permitan una distribución equitativa de los menores migrantes, aliviando así la carga que actualmente soporta Canarias.
La propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería busca establecer criterios claros para el reparto de menores, considerando factores como la capacidad de acogida de cada comunidad, su PIB per cápita y su población. El objetivo es garantizar una atención adecuada a los menores y una gestión más equilibrada de los recursos disponibles en todo el territorio nacional.
El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha expresado un «optimismo real» respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo en este ámbito. Por su parte, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha destacado la importancia de acudir a la Conferencia de Presidentes con una posición conjunta que permita avanzar en la reforma legislativa necesaria para abordar la crisis migratoria de manera efectiva.
La situación actual ha generado tensiones entre las distintas administraciones, evidenciando la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria a nivel nacional. El Gobierno de Canarias espera que, con la colaboración de todas las partes implicadas, se logre una solución que garantice el bienestar de los menores migrantes y la sostenibilidad de los recursos autonómicos.
La CEOE-Tenerife ha respaldado la iniciativa, destacando la importancia de una distribución equitativa que permita una gestión más eficiente de los recursos y garantice una atención adecuada a los menores migrantes en todo el país.
Con este enfoque, Canarias busca no solo aliviar la presión sobre sus servicios sociales, sino también asegurar que los menores migrantes reciban la atención y protección que merecen, en línea con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida que deben guiar la política migratoria nacional.
