Bienestar Social destina 213,5 millones de euros para combatir la pobreza
Santa Cruz de Tenerife.- “Canarias está en una situación límite respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. No quedan más edificaciones a las que acudir para poder alojar niños y niñas. Los centros disponibles o están en condiciones penosas o están dedicados a otros o no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad”. Con esta claridad se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, donde compareció para informar sobre la crisis migratoria vive el archipiélago.
“Estamos iniciando los trámites para rehabilitar dos infraestructuras propias del Gobierno de Canarias que el anterior Ejecutivo dejó de mantener, pero no estarán listas en menos de seis meses. Además, me he vuelto a dirigir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que ponga a disposición del Gobierno de Canarias algunas instalaciones militares que están en desuso en Lanzarote, La Palma y El Hierro para poder acoger a los menores que lleguen en los próximos meses porque creo que es fundamental que el Gobierno de España asuma que estamos ante un problema de Estado ante el que todos debemos colaborar”, indicó la consejera.
En el apartado económico, indicó que Canarias acumula un déficit financiero de unos 86 millones de euros. “El Estado nos ha transferido 50 millones de euros y nosotros calculamos que el coste anual, para atender al actual número de menores que tutelamos, es de 150 millones”, matizó.
Al problema económico y de la escasez de instalaciones se une la falta de personal para atender a estos menores migrantes, “todo ello hace que la situación es y será insostenible si tenemos en cuenta las previsiones de los gobiernos de los países de origen y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aseguran que las llegadas de personas en los próximos meses van a ser el doble o el triple que las del año pasado, con una previsión de hasta 11.000 menores más.
Ante este panorama, Delgado aclaró que la solución pasa por la modificación de la Ley de Extranjería para “que se impulse la corresponsabilidad hacia los menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas españolas, además de que se dote a Canarias con los recursos económicos necesarios para poder atenderlos dignamente”.
“El fin de semana del 8 y 9 de junio el sistema de acogida de menores migrantes colapsó; Canarias no puede esperar más, la situación es absolutamente insostenible. El reparto de los menores migrantes no acompañados que están ahora bajo la tutela del Gobierno de Canarias entre todas las comunidades es una medida crucial para garantizar los derechos de estas y estos menores”, indicó la consejera quien apeló a la responsabilidad de los partidos políticos con presencia en las Cortes generales y para que no utilicen la atención a los menores inmigrantes no acompañados “como arma arrojadiza de la incesante batalla política”.
En su intervención, la consejera también recordó que Canarias es frontera de Europa y el traslado a la Comisión Europea de un protocolo con 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante, bajo el planteamiento de que hay que adoptar un marco común de atención y protección a la infancia no acompañada que vele por sus derechos en todo el territorio europeo. Junto a este Protocolo se incluyeron medidas concretas como la creación de un banco europeo de familias acogentes, el impulso de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de retornos con garantías y un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE, entre otras.
“El problema en materia migratoria es que ya en el año 2023 registramos la mayor presión migratoria en Canarias de la historia, con la llegada a las costas canarias de 39.910 migrantes a bordo de 610 embarcaciones, con más de 5.700 menores acogidos en los 80 dispositivos creados”, indicó Delgado quien recordó “estas personas han logrado llegar pero más de 5.000 han perdido la vida entre enero y mayo intentándolo, el 95% de ellas, unas 4.808 personas, en la ruta canaria, la más peligrosa del mundo”, según datos de la ONG Caminando Fronteras.
Bienestar Social destina 213,5 millones de euros para combatir la pobreza
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destina un total de 213,5 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a combatir la pobreza y atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Según explicó la consejera del área en sede parlamentaria, Candelaria Delgado, su departamento gestiona un amplio abanico de líneas de ayudas y subvenciones que ha permitido la atención de 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social.
“El Gobierno de Canarias no olvida que las cifras en nuestra tierra en cuanto a pobreza, exclusión social o privación material básica son muy preocupantes. Por eso, entendemos que las actuaciones han de ser eficaces y cumplir con las normas, pero, a la vez exigimos al Estado que cumpla con sus compromisos en la materia”, afirmó la consejera regional, quien desgranó en su intervención los distintos programas para la atención de la población más vulnerable de las islas.
Delgado subrayó el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos, administración más cercana a la ciudadanía y puerta de entrada a los servicios sociales, en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Dicho plan otorga cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, atención a las personas en situación de riesgo social y recursos para personas en situación de pobreza y de exclusión social.
En el año 2022, Canarias contó, dentro de este plan, con una inversión de más de 93 millones de euros para financiar los servicios sociales de atención primaria, lo que permitió llegar a un total de 480.015 personas atendidas, más del 55% de ellas, mujeres.
En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, la responsable del área de servicios sociales del Ejecutivo canario indicó que, según datos de la nómina correspondiente al mes de junio, esta ayuda económica mensual llegó a un total de 12.903 personas, con una inversión de 8,5 millones de euros, casi un millón de euros más en el marzo de 2023, cuando entró en vigor la misma en sustitución de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
En cuanto a las líneas de subvenciones, Delgado hizo referencia a las diferentes convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos sociales gestionados por entidades del Tercer Sector o corporaciones locales, que permitieron la financiación de 200 proyectos en el año 2023, con un presupuesto de 12,27 millones de euros. A través de estos proyectos, se atendieron a más de 350.000 personas en situación de vulnerabilidad.
A esta línea de ayudas se suma las concedidas a entidades sociales con cargo al IRPF, cuya cantidad prevista para el 2024 es de 6,43 millones de euros. En el año 2023 se financiaron más de 80 proyectos con un total aproximado de más de 50.000 personas beneficiarias y una dotación económica de casi 5 millones de euros. “Por tanto, esperamos que el número de personas atendidas aumente considerablemente este ejercicio”, matizó la consejera.
La consejera hizo alusión a los fondos estatales provenientes del programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, a través de los cuales se gestionaron 32 subvenciones por importe de 3,3 millones de euros, a los que hay que añadir las subvenciones nominadas que se gestionan desde la consejería por valor de 5 millones de euros.
En materia de pobreza infantil, Delgado aclaró que su departamento es “muy consciente de la gravedad del XIII Informe Sobre Estado de la pobreza en Canarias que sitúa la tasa AROPE de Niños, Niñas y Adolescentes en Canarias en el año 2022 en el 47,8%, una de las más altas del país, por eso, ya trabajamos en un conjunto de medidas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil, con iniciativas como la inclusión del programa “Lucha contra la pobreza infantil: desinstitucionalización de la infancia y la adolescencia tutelada en el sistema de protección, desarrollo de sistemas alternativos de protección y cuidado infantil” en el Programa del Fondo Social Europeo 2021-2027, a fin de crear un marco de actuación integrado y facilitador que aborde la exclusión social de los niños y niñas así como el impulso acciones específicas para contribuir a la Lucha contra la pobreza infantil en el marco de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia (2019-2023).
