El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con los representantes del colectivo, quienes denuncian que la empresa de vivienda pública de Canarias está aplicando un Decreto ya derogado
Santa Cruz de Tenerife. El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes del colectivo ‘Acampada Reivindicativa Lolo Dorta’, quienes denuncian que la empresa de vivienda pública de Canarias, VISOCAN, está cobrando un alquiler más alto del acordado a familias con bajos ingresos en La Laguna. Además, avisan que la empresa está aplicando un decreto derogado, en lugar del actual, que facilita a las familias el hacer frente a los pagos. En la reunión estuvieron presentes los asesores de la Diputación del Común, Óliver Fariña y Andrés Briansó.
El portavoz del colectivo, Eloy Cuadra, expresó su preocupación por una situación que afecta a numerosas familias en las islas. “En Canarias hay 4.500 viviendas sociales de familias con muy bajos ingresos y, concretamente en La Laguna, en torno a 1.000”.
Cuadra también afirmó que se está cobrando el IBI a estas familias, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Supremo que lo prohíbe. Además, explicó que la situación podría empeorar si el Ayuntamiento de La Laguna no renueva las ayudas extraordinarias al alquiler que concedía a estas familias.
Por otro lado, solicitó que VISOCAN deje de aplicar “un decreto que lleva cuatro años derogado, el Decreto 221/2000” y añade que el actual, el Decreto 32/2020, “facilita a las familias hacer frente a los pagos del alquiler”.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, señaló que trasladará la situación a la nueva titular de la Institución, que tomará posesión “dentro de muy pocos días”. Sin embargo, quiso aprovechar la ocasión para recordar que “Canarias tiene un problema de vivienda porque durante 30 años no se ha planificado, y hemos llegado a una situación insostenible por falta de vivienda pública”.
Además, Yanes reiteró que “en los países europeos donde se protege el derecho a la vivienda, se opta por el alquiler social que se calcula individualmente de acuerdo con la renta familiar disponible”, y añadió que “ese modelo es el que hemos propuesto en el Parlamento en el Informe Extraordinario que hicimos sobre vivienda”.
