Esta es una conclusión destacada por la organización sin ánimo de lucro que preside Francisco Barreto, tras la celebración de su quinto congreso
Santa Cruz de Tenerife.- Las asociaciones vecinales de Canarias celebraron a finales del mes pasado, del 25 al 27 de octubre, en Mazo, municipio de la isla de La Palma, su V Congreso, organizado por la entidad que las agrupa: la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias, una organización sin ánimo de lucro que preside Francisco Barreto. En esa convocatoria celebrada en la Isla Bonita, que contó con 110 representantes vecinales, se llegó a una conclusión destacada: “La falta de acción y de respuestas” administrativas públicas “a las denuncias que estas formulan” es, sin duda, uno de los grandes problemas que deben tener pronta solución en las islas.
Así de concreto y de claro queda ese mensaje ya reflejado en el informe o resumen de las jornadas, que incluye tanto las actividades desarrolladas en los tres días como las conclusiones finales aprobadas, y todo durante el V Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias. Esta cita tuvo como título o eje central de análisis las Buenas prácticas locales de participación ciudadana: un derecho, un deber. El congreso se realizó en el Centro Cultural Andares, en la Villa de Mazo, con tres jornadas de fin de semana, del 25 al 27 de octubre pasado, y con la redacción de seis conclusiones generales de máxima prioridad e interés para estos colectivos.
Una de esas consideraciones, en la que se puso mucho énfasis, es la reconocida y sufrida “falta de acción de las administraciones públicas ante cualquier denuncia, acción o reivindicación planteada por estas asociaciones y colectivos”, lo que, reconocen los perjudicados, conduce a “la desmotivación y a la desconfianza en las administraciones públicas”, algo que tiene consecuencias negativas.
Aparte de esa conclusión, y siempre como resultado de los debates extensos y profundos servidos en el V Congreso, se identificaron otros problemas y carencias, como, por ejemplo, “el envejecimiento y la falta de relevo generacional en los colectivos”; “la brecha digital en las personas mayores, actualmente mayoritarias entre los directivos de los colectivos y las entidades vecinales”, y “la falta de transparencia” y la existencia de “desinformación en los asuntos que conciernen al ámbito de sus asociaciones y colectivos”.
Junto con esas reclamaciones, la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias incluye en su informe final del V Congreso los efectos negativos de “la burocracia administrativa”, que, aseguran, “crea barreras insalvables”, mucho más cuando “las relaciones entre las administraciones públicas y las asociaciones y colectivos vecinales, por el simple hecho de estas ser entidades jurídicas, se obliga que sean realizadas a través de las oficinas y los registros electrónicos”.
A este factor distanciador, la unión regional añade el hecho de que “los costes de mantenimiento y los gastos generales cada vez son más elevados”, lo que “descompensa” los medios de financiación y contribuye a “la reducción progresiva de los asociados”. Por este motivo, hay pérdida de ingresos, y entonces cada vez más se hace necesario “acudir a la financiación externa, mediante subvenciones de las administraciones públicas o de entidades privadas, para así poder realizar las actividades y los programas de trabajos” que se ha decidido que son de interés para todos y todas las integrantes de las asociaciones vecinales.
El cierre del V Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias, como ocurrió con la inauguración de esta cita, contó con amplia representación institucional pública: por ejemplo, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que se encargó de la inauguración, mientras que la despedida o clausura formal corrió a cargo de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Carmen Delia Alberto; del presidente de la Unión de Asociaciones Vecinales de Canarias, Francisco Barreto, y, por no poder estar in situ, pero sí con la conexión directa en la sala, a través de videoconferencia, del viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Ejecutivo autonómico, Antonio Llorens.
