Sumario
- El Gobierno de Canarias acuerda activar el 1 de diciembre el cribado de pasajeros nacionales que entren en Canarias
- El Gobierno aprueba un decreto de ayudas para beneficiarios de la PCI y para paliar los efectos sociales de la crisis volcánica
- El Gobierno de Canarias sanciona a Unelco Endesa y Red Eléctrica por el cero energético de Tenerife de 2019
El Gobierno de Canarias acuerda activar el 1 de diciembre el cribado de pasajeros nacionales que entren en Canarias
El Gobierno de Canarias aprobó en su sesión ordinaria de este jueves, día 18 de noviembre, activar a partir del 1 de diciembre la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-CoV-2 mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima. Esto implica que aquellas personas que lleguen a Canarias desde otra región española deberán portar el certificado vacunal contra la COVID-19, o una prueba diagnóstica de infección activa negativa o bien el certificado de haber pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.
Esta medida, que se puso en marcha el pasado 18 de diciembre y culminó el 30 de septiembre, constituye una herramienta necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus en viajeros procedentes de otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de vacunación contra la COVID-19.
La Consejería de Sanidad modificó a principios de julio la norma, excluyendo de la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros menores de 12 años que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Para el resto de población mayor de 12 años (o con 12 años cumplidos) continuará vigente la normativa que obliga a someterse a la realización de una PDIA para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a Canarias.
Supuestos de exclusión de realización de la PDIA
No se exige la presentación de PDIA negativa en el momento de la entrada a Canarias en los siguientes casos, además de a los menores de 12 años:
-Personas en tránsito a través del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, aquellas que hagan escala en Canarias cuyo destino final sea otro país u otro lugar del territorio nacional.
-Personas que acrediten haber estado fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, con independencia de su lugar de residencia.
-Personas vacunadas contra la COVID-19 con la pauta completa de vacunación dentro de los 8 meses previos al desplazamiento, o bien con una dosis con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses previos al desplazamiento.
-Personas que hayan pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.
El certificado de vacunación y de recuperación de la COVID-19 se puede obtener en la aplicación www.micertificadocovid.com o bien accediendo a miSCS, dentro del espacio web miHistoria.
Certificado COVID
Además, el Consejo de Gobierno de Canarias encargó a la Consejería de Sanidad promover la implantación del Certificado COVID en las islas y para ello se debe analizar a qué sectores y actividades afectará así como la manera de materializarlo.
El Gobierno aprueba un decreto de ayudas para beneficiarios de la PCI y para paliar los efectos sociales de la crisis volcánica
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto-ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC), del Fondo de asistencia Social, del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para paliar los efectos sociales derivados de la covid-19.
Además, se ha aprobado también un suplemento extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social y agrario.
El objeto de este decreto-ley es el establecimiento de una prestación social finalista y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción; pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social (FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID 19, a fin de atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.
Se trata de una prestación finalista y personal destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, de carácter extraordinario de 250 euros, que se abonarán mediante un pago único.
Además, el decreto-ley contempla el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica.
Se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.
En otro orden, el Decreto-Ley ratifica la medida avanzada por la consejera Noemí Santana en el Parlamento de Canarias hace algunas semanas mediante la cual las personas que en el pasado hubieran sido perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción y hayan agotado los plazos vigentes, quedando fuera del sistema, puedan volver a solicitarla. Hecho relevante que se incluye por primera vez en la regulación de dicha medida.
El Gobierno de Canarias sanciona a Unelco Endesa y Red Eléctrica por el cero energético de Tenerife de 2019
El Consejo de Gobierno de este jueves, 18 de noviembre, ha aprobado los decretos por los cuales se resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO Endesa) y Red Eléctrica de España S.A.U. por el cero energético ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2019 en la isla de Tenerife.
En el caso de la empresa distribuidora y generadora (UNELCO Endesa) la sanción será de 13.668.001 euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso del transportista (REE) la multa ascenderá hasta los 11.190.751 euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo.
En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el pasado 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2.
Este hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica. No sólo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos Gas 1 y 2 la estrategia de reposición de suministro.
En el caso de Red Eléctrica de España, entre otros aspectos, ha resultado patente que la Subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones, conforme a su grado de criticidad exigido en el Sistema Eléctrico Canario. Este comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red.
Como consecuencia de estos hechos, ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica.
El órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
